La Nación cubana, sometida durante décadas a la usurpación del poder, la destrucción del orden republicano, la supresión de libertades, la persecución política, la manipulación institucional, la ruina económica y la fractura moral del Estado, tiene derecho irrenunciable a recuperar la República, reinstalar la supremacía del Derecho, reconstruir sus instituciones y ejercer nuevamente su soberanía por medio de autoridades libremente elegidas.

El Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición asume, ante la Nación y ante la Historia, el deber excepcional de conducir ese proceso de restauración nacional. No lo hace para fundar una dominación nueva, ni para heredar políticamente la autoridad transitoria, ni para transformarse en partido, facción o plataforma electoral futura. Lo hace únicamente para restablecer la República, proteger al pueblo, desmontar el aparato represivo, reorganizar el Estado, rescatar la legalidad, reparar la Nación y devolver íntegramente el poder al pueblo cubano.

Este Plan Nacional para la Restauración de la República y la Transición Democrática establece la doctrina, los principios, la estructura, las medidas, los límites, las líneas rojas y las fases operativas del proceso de restauración republicana, con especial atención a los primeros cien días, así como a la preparación institucional para elecciones libres dentro del plazo máximo de dieciocho meses, o antes, si las condiciones nacionales lo permiten.

El poder ejercido en virtud del presente Plan no constituye una fuente autónoma de legitimidad permanente, ni se proyecta como base para la consolidación de una estructura de poder duradera. Su naturaleza es estrictamente transitoria y está orientada exclusivamente a restablecer el orden constitucional conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940.

Este ejercicio de autoridad se fundamenta en la necesidad histórica y jurídica de restaurar la legalidad republicana, interrumpida en sus efectos, y de reconstituir el Estado de Derecho bajo los principios de soberanía popular, supremacía constitucional e igualdad ante la ley.

Asimismo, reconoce como parte de su origen los antecedentes históricos y jurídicos que han contribuido a su conformación como instancia de dirección transitoria, en cuanto expresión de continuidad en la defensa del orden republicano. Dichos antecedentes constituyen un elemento de legitimación histórica, sin sustituir ni prevalecer sobre la fuente primaria de legitimidad, que reside en la Nación y en el orden constitucional que se restablece.

En consecuencia, el poder se ejerce en nombre del pueblo de Cuba, bajo el marco jurídico de la Constitución de 1940, y con el único propósito de garantizar las condiciones necesarias para que dicho pueblo recupere plenamente el ejercicio directo de su soberanía mediante mecanismos democráticos legítimos.

Ninguna disposición del presente Plan podrá interpretarse como habilitación para la apropiación, prolongación o transformación del poder transitorio en forma permanente.

Estas dimensiones no son acumulativas en términos de poder, sino complementarias en términos de legitimidad, y convergen en un único fin: la restitución íntegra de la República.

Toda la transición nacional se regirá por los siguientes principios superiores, de carácter vinculante, obligatorio e interpretativo para todas las autoridades, órganos y actuaciones del período transitorio:

Supremacía del Derecho.
Toda decisión del Gobierno transitorio estará subordinada al restablecimiento del orden constitucional y al imperio de la ley, conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940. Ninguna autoridad podrá actuar fuera del marco jurídico ni invocar razones políticas para apartarse de la legalidad.

Soberanía popular.
Toda autoridad existe para servir al pueblo, y toda autoridad transitoria se ejerce exclusivamente en su nombre y con el único propósito de restituirle el ejercicio pleno y efectivo de su soberanía mediante mecanismos democráticos legítimos.

Temporalidad del poder.
El ejercicio del poder durante la transición tiene carácter estrictamente provisional. Ninguna función, facultad o estructura transitoria podrá convertirse en fuente de dominio permanente ni en patrimonio político de quienes la ejercen.

Orden con libertad.
La transición se desarrollará bajo condiciones de estabilidad institucional, control efectivo del territorio y continuidad de los servicios esenciales. La libertad será garantizada dentro del marco de la ley, sin que derive en desorden, violencia o ruptura del funcionamiento del Estado.

Justicia sin impunidad y sin arbitrariedad.
No habrá impunidad para las violaciones graves de derechos fundamentales, pero tampoco se admitirán sanciones sin debido proceso. Toda responsabilidad será individual, basada en pruebas verificables y determinada por autoridad competente conforme a Derecho.

Verdad, memoria y reparación.
La reconstrucción moral de la Nación exige el esclarecimiento de los hechos, la preservación de la memoria histórica, el reconocimiento de las víctimas y la adopción de medidas de reparación conforme a los principios de justicia transicional.

Neutralidad electoral del ente transitorio.
El Gobierno transitorio garantizará las condiciones para el ejercicio de la libertad política y la organización de elecciones libres, pero no participará directa ni indirectamente en la competencia electoral ni favorecerá a actor político alguno.

Defensa de la propiedad legítima y del patrimonio nacional.
Se protegerán los derechos de propiedad adquiridos conforme a la ley y se adoptarán medidas para recuperar, revisar o anular aquellos bienes, recursos o activos obtenidos mediante abuso de poder, ilegalidad o en perjuicio del interés nacional.

Apertura nacional e internacional de la República.
La República restaurada se regirá por el respeto al Derecho, la cooperación internacional, la integración económica lícita y la garantía de derechos para todos los ciudadanos, dentro y fuera del territorio nacional, en condiciones de dignidad e igualdad.

La transición nacional se fundamenta en el principio jurídico de continuidad constitucional del Estado, conforme al cual el orden constitucional legítimo de una República no se extingue por actos de fuerza, imposición o usurpación del poder, sino que permanece jurídicamente vigente hasta ser restaurado por la soberanía del pueblo.

La Constitución de la República de Cuba de 1940 constituye el último pacto constitucional legítimo emanado de la voluntad soberana del pueblo cubano mediante procedimiento democrático y representación nacional.

Dicha Constitución estableció un orden republicano basado en la soberanía popular, la separación de poderes, la supremacía del Derecho y la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Los actos de fuerza que posteriormente alteraron ese orden no pueden, desde la perspectiva del Derecho constitucional, extinguir la legitimidad de ese pacto ni sustituirlo por estructuras impuestas sin consentimiento libre de la Nación.

En consecuencia, el orden constitucional republicano no desapareció jurídicamente; fue interrumpido en su ejercicio, pero no extinguido en su legitimidad.

El Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición ejercerá sus funciones conforme a dicha Constitución y a las disposiciones especiales necesarias para garantizar la restauración efectiva de la República, la reorganización institucional del Estado y la preparación del proceso democrático.

El restablecimiento de la Constitución de 1940 tiene como finalidad reinstalar el marco jurídico legítimo que permite al pueblo cubano ejercer plenamente su soberanía y decidir libremente su futuro político.

La transición no impone el futuro constitucional de Cuba; devuelve al pueblo cubano la capacidad de decidirlo soberanamente.

La República de Cuba, constituida formalmente en 1902 y desarrollada institucionalmente a lo largo de la primera mitad del siglo XX, alcanzó su expresión más avanzada en la Constitución de 1940, resultado de una Asamblea Constituyente representativa de la Nación y expresión auténtica de la soberanía popular.

Dicha Constitución consolidó los principios esenciales del orden republicano, entre ellos la soberanía del pueblo, la separación de poderes, el pluralismo político y la garantía efectiva de derechos y libertades.

El 10 de marzo de 1952, ese orden fue interrumpido mediante un golpe de Estado que suspendió la Constitución vigente y sustituyó la legalidad por un poder de facto, alterando de manera directa la continuidad institucional de la República.

El proceso político iniciado en 1959, aunque presentado en su origen como restaurador, no reinstauró el orden constitucional previo ni devolvió al pueblo el ejercicio pleno de su soberanía, sino que derivó en la consolidación de un sistema caracterizado por la concentración del poder, la eliminación del pluralismo político y la subordinación de las instituciones.

En consecuencia, desde la perspectiva del Derecho constitucional, la República no ha experimentado una restauración efectiva de su orden legítimo desde su momento de interrupción.

Ante esta realidad, el pueblo cubano conserva su poder constituyente originario, entendido como la facultad suprema de restablecer la legalidad, reorganizar el Estado y reinstaurar el orden constitucional interrumpido.

Este poder no deriva de autoridad alguna ni puede ser extinguido por estructuras de facto, ya que reside exclusivamente en la soberanía de la Nación.

Su ejercicio no constituye una ruptura adicional del orden jurídico, sino un acto de restauración orientado a devolver vigencia efectiva a la Constitución legítima y a reinstaurar el marco institucional que permita al pueblo decidir libremente su destino político.

El ejercicio de este poder se canalizará mediante mecanismos institucionales que garanticen su expresión ordenada, verificable y conforme al principio de legalidad.

El proceso de restauración se articulará mediante mecanismos institucionales y territoriales que permitan expresar de forma coherente y verificable la voluntad nacional.

Se promoverán mecanismos de representación territorial provisional, de carácter consultivo y articulador, que faciliten la expresión coordinada de dicha voluntad durante la transición.

La activación efectiva del proceso transitorio estará condicionada a la existencia de circunstancias objetivas verificables, tales como alteraciones sustanciales del control institucional, fracturas en las estructuras de poder o manifestaciones sostenidas de voluntad nacional.

En ese contexto, el Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición no surge como una imposición ni como aspiración de poder, sino como un instrumento jurídico excepcional, limitado en su mandato, orientado exclusivamente a restaurar la República, reorganizar el Estado conforme al Derecho y devolver íntegramente la soberanía al pueblo mediante elecciones libres.

Se garantizará la continuidad funcional del Estado mediante la incorporación de aquellos funcionarios y servidores públicos que no hayan participado en violaciones graves de derechos, bajo el principio de subordinación al orden constitucional restaurado.

Las instituciones armadas serán preservadas como estructuras del Estado, pero sometidas a la supremacía del poder civil, a la legalidad republicana y a procesos de depuración conforme a Derecho, evitando tanto la disolución caótica como la perpetuación de prácticas contrarias al orden constitucional.

De este modo, la transición no se configura como una ruptura del Estado, sino como su reordenamiento bajo la legalidad, asegurando continuidad institucional sin renunciar a la responsabilidad jurídica.

En este mismo sentido, la Constitución de la República de Cuba de 1940 reconoce expresamente el derecho del ciudadano a defender el orden constitucional frente a su vulneración.

“Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza, serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran.

Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente.

La acción para perseguir las infracciones de este Título es pública sin caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia. La enumeración de los derechos garantizados en este Título no excluye los demás que esta Constitución establezca, ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”

Este precepto constituye una norma de alcance jurídico directo que reconoce la legitimidad de la defensa del orden constitucional.

En consecuencia, el ejercicio organizado, responsable y jurídicamente orientado del poder constituyente del pueblo cubano, dirigido a la restauración del orden constitucional interrumpido, constituye un acto legítimo de defensa del orden republicano conforme a la Constitución de 1940.

Para preservar la neutralidad institucional del proceso, evitar la captura del poder transitorio y garantizar la legitimidad de la restauración republicana, se establece un régimen especial de inhabilidad política aplicable a todos los integrantes del Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición.

Ningún integrante del Gobierno transitorio, ni de los órganos ejecutivos, legislativos o judiciales de carácter provisional, podrá, durante el ejercicio de sus funciones ni con posterioridad a la terminación del mandato transitorio, fundar, integrar, promover, representar o dirigir partidos políticos, ni aspirar a cargos de elección popular.

Asimismo, les estará prohibido intervenir directa o indirectamente en procesos electorales, actuar como operadores políticos, influir en la organización de candidaturas o utilizar su autoridad provisional para construir liderazgo partidista o capital político personal.

Estas limitaciones se extienden al primer ciclo electoral posterior a la restauración del orden constitucional, a fin de evitar cualquier ventaja derivada del ejercicio del poder transitorio.

El incumplimiento de estas disposiciones implicará:

— la nulidad de cualquier candidatura presentada
— la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos
— la exigencia de responsabilidad jurídica conforme al orden constitucional restaurado

La restauración de la República no podrá convertirse en instrumento de promoción personal ni en plataforma de proyección política.

La transición no será escalera de poder. Será servicio institucional a la Nación.

Durante los primeros cien días de la transición, el Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición ejecutará un conjunto de objetivos nacionales de carácter inmediato, inseparable y prioritario, orientados a restablecer el orden constitucional conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940, asegurar la estabilidad del Estado y garantizar la protección efectiva de la población.

Estos objetivos no constituyen políticas independientes, sino un programa integrado de acción estatal que deberá ejecutarse de forma simultánea, con prioridad operativa diferenciada según las condiciones del país.

A tales efectos, se establecen como objetivos fundamentales:

— restablecer el orden constitucional y la supremacía efectiva de la Constitución de 1940 como norma rectora del Estado
— asegurar la protección jurídica inmediata del ciudadano, garantizando derechos fundamentales, seguridad personal y tutela judicial efectiva
— reorganizar el aparato coercitivo del Estado bajo control civil, legalidad republicana y responsabilidad individual
— desmontar de manera irreversible las estructuras de represión política, control ideológico y coerción sobre la población
— recuperar el control territorial, administrativo, financiero y documental del país, evitando vacíos de poder y pérdida de información estratégica
— atender de forma urgente la emergencia humanitaria, priorizando la vida, la salud y la subsistencia de la población
— iniciar la recuperación económica básica, asegurando funcionamiento mínimo del sistema productivo y de servicios esenciales
— preparar el proceso electoral libre, conforme a los principios de sufragio auténtico establecidos en la tradición constitucional cubana y en el marco del Código Electoral de 1943, en lo que resulte compatible
— establecer las bases jurídicas, institucionales y operativas de la justicia transicional, la reparación a las víctimas y la rendición de cuentas conforme al Estado de Derecho

La ejecución de estos objetivos deberá realizarse bajo los principios de legalidad, control civil, responsabilidad institucional y verificación permanente, evitando tanto la inacción como la improvisación.

El incumplimiento, obstrucción o desviación de estos objetivos será considerado contrario al proceso de restauración constitucional y dará lugar a las responsabilidades correspondientes conforme al orden jurídico aplicable.

Durante las primeras setenta y dos horas, el Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición adoptará medidas inmediatas de aseguramiento institucional, con fundamento en la puesta en vigor de la Constitución de la República de Cuba de 1940, a fin de garantizar la continuidad del Estado, evitar el vacío de poder, impedir la destrucción de pruebas, prevenir la fuga de responsables y asegurar la integridad administrativa del país.

A tales efectos, se dispondrá la intervención, control y aseguramiento legal y administrativo de las estructuras esenciales del Estado, incluyendo:

— edificios de gobierno y sedes institucionales
— registros públicos y sistemas de identificación
— archivos centrales físicos y digitales
— estaciones nacionales de radio y televisión estatales
— puertos, aeropuertos, aduanas y puntos de control fronterizo
— centros de telecomunicaciones y redes estratégicas de información
— establecimientos penitenciarios
— tesoro público, sistemas financieros estatales y depósitos estratégicos
— instalaciones energéticas y de servicios esenciales
— nodos de mando y control de las estructuras de seguridad

Estas actuaciones se realizarán bajo autoridad civil, conforme al orden constitucional restaurado y mediante instrucciones de carácter obligatorio para todas las estructuras del Estado.

Toda autoridad, funcionario o agente público deberá acatar de inmediato las disposiciones emitidas. La negativa, obstrucción, ocultamiento de información o abandono de funciones será considerada una violación del orden constitucional y dará lugar a separación inmediata del cargo y responsabilidad jurídica.

Se ordenará la preservación inmediata, aseguramiento y control de todos los archivos físicos y digitales vinculados con:

— inteligencia y contrainteligencia
— estructuras de represión y control político
— sistema penitenciario
— procesos judiciales
— propiedades estatales y empresas bajo control del aparato de poder
— finanzas públicas, deuda externa y contratos internacionales
— concesiones, licencias y operaciones del aparato coercitivo

A tales efectos, se establecerán protocolos de cadena de custodia, registro de acceso y control documental que garanticen la integridad, autenticidad y valor probatorio de la información, impidiendo su destrucción, alteración o sustracción.

Las órdenes emitidas por el Gobierno transitorio en este período tendrán carácter inmediato, obligatorio y prevalente sobre cualquier instrucción previa, sin necesidad de ratificación intermedia.

El objetivo de este protocolo es asegurar la continuidad efectiva del Estado bajo el imperio del Derecho, evitando tanto el colapso institucional como la preservación de estructuras contrarias al orden constitucional.

Durante los primeros cinco días del proceso de transición, se adoptarán las medidas necesarias para formalizar el restablecimiento del orden constitucional y asegurar la continuidad institucional del Estado conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940.

Se procederá a la juramentación de la autoridad provisional ante el marco constitucional restaurado, así como a la instalación de los órganos superiores encargados de la conducción del proceso de restauración republicana.

Se declarará formalmente restablecido el orden constitucional legítimo, con base en la puesta en vigor de la Constitución de 1940, y se dispondrá la invalidez de aquellas estructuras, disposiciones y actos que hayan servido de manera directa a la usurpación del poder o a la violación sistemática de los derechos fundamentales.

Dicha invalidez se aplicará conforme a criterios de legalidad, individualización y revisión, evitando la afectación indiscriminada del funcionamiento del Estado y garantizando la continuidad de los servicios públicos y de las relaciones jurídicas legítimas.

Se restablecerán provisionalmente las funciones del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, bajo un régimen transitorio orientado a la restauración institucional, la separación de funciones y el control recíproco entre órganos del Estado.

Estos poderes ejercerán sus competencias de manera limitada, conforme al carácter provisional del proceso y bajo sujeción al orden constitucional restaurado.

Se designarán autoridades administrativas de carácter provisional en el ámbito provincial y municipal, con funciones definidas de coordinación, control territorial y garantía de presencia efectiva del Estado, sin que dichas designaciones impliquen la creación de estructuras políticas permanentes ni sustituyan el futuro ejercicio de la representación democrática.

El objetivo de esta fase es asegurar el restablecimiento efectivo del orden constitucional sin generar ruptura del aparato estatal, garantizando simultáneamente legalidad, continuidad institucional y control del territorio nacional.

La estructura orgánica del Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición se organizará bajo el marco jurídico de la Constitución de la República de Cuba de 1940, con carácter provisional, restaurador y estrictamente limitado al cumplimiento de los fines de la transición.

El ejercicio del poder público durante el período transitorio se estructurará conforme al principio de separación de funciones, mediante el restablecimiento provisional del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, adaptados a la naturaleza excepcional del proceso de restauración institucional.

La Presidencia Provisional ejercerá la dirección del proceso de restauración nacional y representará la autoridad transitoria ante la Nación y la comunidad internacional.

La titularidad de dicha Presidencia se fundamentará en el principio de continuidad constitucional y en el mecanismo de sucesión previsto por la Constitución de la República de Cuba de 1940. Conforme al artículo 149 de dicha Carta Magna, en caso de faltar los sustitutos presidenciales establecidos, corresponde ocupar interinamente la Presidencia de la República al magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, con el deber de convocar elecciones nacionales dentro del plazo constitucional correspondiente.

En virtud de esa regla de continuidad constitucional, y conforme a los antecedentes jurídicos y documentales que acrediten la sucesión institucional correspondiente, se reconocerá la autoridad presidencial transitoria derivada de dicho mecanismo, sin que ello implique mandato permanente, apropiación del poder ni sustitución de la soberanía popular.

Cuando la cadena de continuidad institucional haya sido objeto de designaciones, ternas, actos de reconocimiento o documentos de sucesión derivados de la autoridad constitucional correspondiente, tales antecedentes deberán ser incorporados al expediente jurídico de la transición, verificados, preservados y publicados en lo esencial para conocimiento de la Nación.

La Presidencia Provisional tendrá carácter estrictamente transitorio. Su función no será gobernar indefinidamente, sino conducir el restablecimiento del orden constitucional, asegurar la continuidad del Estado, coordinar la restauración institucional y garantizar la convocatoria de elecciones libres, verificables y competitivas.

El Consejo de Restauración Republicana actuará como órgano de coordinación del Poder Ejecutivo transitorio, encargado de la ejecución del presente Plan y de la articulación de la acción estatal bajo la autoridad de la Presidencia Provisional.

El Poder Judicial será restablecido provisionalmente para garantizar la tutela efectiva de los derechos, el control de legalidad y la resolución de conflictos conforme al orden constitucional restaurado.

El restablecimiento del Poder Judicial se fundamenta igualmente en el principio de continuidad constitucional, incluyendo los antecedentes institucionales derivados del ejercicio de la magistratura conforme al orden jurídico de la Constitución de 1940.

En tal sentido, cuando existan actuaciones, designaciones o configuraciones institucionales atribuidas al magistrado más antiguo del Tribunal Supremo conforme al mecanismo de sucesión previsto constitucionalmente, así como eventuales actos de ratificación o reconocimiento posteriores, dichos antecedentes serán objeto de verificación, documentación y validación dentro del expediente jurídico de la transición.

Estos antecedentes podrán incluir referencias a actuaciones atribuidas al magistrado más antiguo del Tribunal Supremo y a eventuales autoridades constitucionales derivadas de dicha continuidad, siempre que su existencia y validez sean debidamente acreditadas conforme a Derecho.

El Tribunal de Garantías Constitucionales Provisional ejercerá funciones de control constitucional, tutela urgente de derechos fundamentales y supervisión de los actos del poder público, asegurando que el proceso de transición se desarrolle dentro del marco del Derecho.

Sus decisiones tendrán carácter vinculante y deberán ser acatadas por todas las autoridades del Estado.

El ejercicio de las funciones legislativas durante el período transitorio se organizará mediante un esquema provisional, limitado a la restauración institucional, al control del poder público y a la adopción de medidas indispensables para el funcionamiento del Estado.

A tales efectos, se constituirá un Consejo Legislativo Asesor, integrado por representantes de los municipios de Cuba en el exilio, con representación territorial organizada por provincias.

Este Consejo tendrá carácter consultivo, normativo limitado y de articulación institucional, y ejercerá las siguientes funciones:

— proponer disposiciones necesarias para la restauración del orden constitucional
— emitir criterios sobre las medidas adoptadas por el Gobierno transitorio
— servir como instancia provisional de articulación de representación nacional en ausencia de un parlamento electo
— colaborar en la estructuración del futuro sistema legislativo democrático

Sus decisiones no tendrán carácter legislativo pleno ni sustituirán la voluntad soberana del pueblo, limitándose a apoyar el proceso de transición dentro del marco del orden constitucional restaurado.

Se procurará la incorporación progresiva de representación territorial interna conforme se restablezcan condiciones efectivas de libertad y participación en el país.

El Consejo Electoral Provisional preparará el proceso de elecciones libres con independencia funcional, base jurídica republicana y mecanismos verificables de transparencia.

La Comisión Nacional para la Reforma del Sector Seguridad y Defensa supervisará la depuración y reorganización del aparato coercitivo, bajo control civil, legalidad y responsabilidad individual.

La Comisión Nacional de Verdad, Responsabilidad y Reparación documentará crímenes, propondrá medidas de justicia y reparación, y preservará la memoria institucional de las víctimas.

La Autoridad Nacional de Recuperación Patrimonial y Revisión de Obligaciones del Régimen administrará bienes recuperados, empresas intervenidas y procesos de revisión de obligaciones, contratos y deudas vinculadas al aparato de dominación.

Todos los órganos del Gobierno transitorio estarán sujetos a los principios de:

— temporalidad
— legalidad
— neutralidad electoral
— control institucional
— rendición de cuentas

Ninguno de ellos podrá convertirse en estructura permanente de poder ni actuar como plataforma política futura.

Durante esta fase, todas las estructuras armadas, policiales, penitenciarias, de inteligencia y de control territorial del Estado quedarán sometidas de manera inmediata al control civil transitorio, al orden constitucional restaurado conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940 y al principio de legalidad.

Queda prohibida toda actuación de dichas estructuras como instrumento ideológico, político o de control represivo sobre la población.

El Ministerio del Interior será objeto de intervención administrativa inmediata, auditoría integral y reorganización progresiva, conforme a Derecho, a fin de garantizar la continuidad operativa del Estado y la eliminación de funciones contrarias al orden constitucional.

Quedarán suprimidas las funciones ilegítimas de represión política, vigilancia ideológica, persecución por motivos de opinión y toda forma de control sobre la sociedad civil incompatible con un Estado de Derecho.

Las estructuras de inteligencia y contrainteligencia serán aseguradas, clasificadas y sometidas a procesos de depuración institucional.

Se prohíben expresamente:

— el espionaje político sobre ciudadanos
— la infiltración represiva de organizaciones civiles
— cualquier operación dirigida contra la sociedad civil pacífica

Durante el período de reorganización, se preservarán exclusivamente las capacidades necesarias para la seguridad nacional, la protección de infraestructuras críticas y la prevención de amenazas reales, bajo control civil, registro documental y supervisión institucional.

Las Fuerzas Armadas serán preservadas como institución permanente de defensa nacional, conforme a la tradición constitucional de 1940.

Quedarán sujetas a:

— subordinación plena al poder civil
— transformación doctrinal conforme al orden republicano
— depuración de mandos implicados en represión política o violaciones graves

Se garantizará la continuidad institucional, la integridad de la cadena de mando y el cumplimiento de funciones estrictamente militares.

La cooperación activa con el proceso de restauración constitucional será considerada circunstancia relevante en la evaluación de continuidad institucional y responsabilidades individuales.

La policía será transformada en un cuerpo de seguridad pública de carácter constitucional, subordinado plenamente al poder civil, al orden jurídico restaurado y a la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Su función será la prevención del delito, la protección de las personas y el mantenimiento del orden público conforme a la ley, quedando prohibida toda actuación como instrumento de control político, vigilancia ideológica o represión de libertades civiles.

A efectos de depuración y continuidad institucional, el personal policial será objeto de evaluación y clasificación individual conforme a criterios de responsabilidad, distinguiéndose entre:

— participación directa en actos de represión, abuso grave o violaciones de derechos fundamentales
— participación funcional sin responsabilidad directa comprobada
— funciones técnicas o administrativas sin implicación represiva

El personal comprendido en el primer supuesto será separado de sus funciones de manera inmediata y remitido a los órganos competentes para la determinación de responsabilidades conforme a Derecho.

El personal comprendido en los demás supuestos podrá continuar provisionalmente en funciones, sujeto a evaluación, supervisión y compromiso expreso con el orden constitucional restaurado.

En todos los casos se garantizará el principio de responsabilidad individual, el debido proceso y la prohibición de sanciones colectivas.

El sistema penitenciario será intervenido de manera inmediata bajo control judicial y administrativo.

Se ordenará la investigación de:

— torturas
— incomunicación ilegal
— muertes bajo custodia
— tratos crueles o degradantes

Se garantizarán condiciones compatibles con la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Se establecerá un Servicio Provisional de Fronteras, Migración y Aduanas, bajo el marco jurídico de la Constitución de 1940 y el control civil del Estado, con el objetivo de:

— asegurar la continuidad administrativa del control fronterizo
— garantizar el tránsito legal de personas y bienes
— prevenir la fuga de responsables de violaciones graves
— proteger la seguridad territorial del país

Este servicio actuará conforme a los principios de legalidad, registro, control documental y respeto a los derechos fundamentales.

La reorganización del poder coercitivo se regirá por los siguientes principios:

— control civil efectivo
— continuidad institucional sin ruptura del Estado
— responsabilidad individual, no colectiva
— legalidad y debido proceso
— cooperación condicionada de las estructuras existentes

La restauración de la República exige garantizar la continuidad funcional del Estado sin permitir la continuidad del régimen que lo utilizó como instrumento de dominación. La transición no implica la destrucción del Estado, sino su reordenamiento bajo la supremacía del Derecho.

La administración pública, los servicios esenciales y las funciones básicas del Estado continuarán operando bajo la autoridad del Gobierno transitorio. Esta continuidad es estrictamente funcional y no convalida estructuras, prácticas ni lealtades del orden anterior.

Todo ejercicio de función pública quedará condicionado al reconocimiento del orden constitucional restaurado. La negativa expresa, la obstrucción activa o la desobediencia dará lugar a la separación del cargo conforme a procedimiento establecido.

Se procederá a la evaluación de los servidores del Estado sobre la base del principio de responsabilidad individual. No habrá presunciones colectivas ni sanciones por pertenencia institucional.

A tales efectos se distinguirán:

— quienes hayan participado de manera directa, comprobada y relevante en violaciones graves de derechos fundamentales
— quienes hayan cumplido funciones sin intervención directa en actos de represión
— quienes hayan desempeñado funciones técnicas o administrativas sin implicación política o represiva

La determinación se hará exclusivamente sobre hechos verificables, documentados y sujetos a revisión. Lo que no pueda probarse no producirá efectos jurídicos.

La evaluación, clasificación y determinación de continuidad o separación corresponderá a los órganos administrativos de depuración que se establezcan, bajo control judicial y con garantía de revisión.

Podrán continuar provisionalmente en sus funciones quienes no estén incursos en responsabilidad grave y cumplan con:

— reconocimiento expreso del orden constitucional restaurado
— sometimiento al mando civil
— abstención de cualquier acto de obstrucción, sabotaje o violencia

Esta permanencia tendrá carácter temporal y será objeto de revisión continua.

Serán separados de inmediato:

— quienes hayan participado directamente en torturas, ejecuciones, desapariciones o hechos de sangre
— quienes hayan intervenido de manera comprobada en estructuras de represión política
— quienes intenten impedir la transición mediante el uso de la fuerza o la desobediencia activa

Estos casos serán remitidos a los órganos competentes para su investigación conforme a Derecho.

El Estado garantizará el debido proceso, la evaluación individual y la protección frente a represalias extrajudiciales. Estas garantías no constituyen impunidad, sino la base de una justicia legítima conforme al orden constitucional.

A fin de asegurar la subordinación del poder armado al orden civil, se establece un régimen de garantías para los miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y personal vinculado al aparato de defensa que se sometan al orden constitucional restaurado.

Podrán acogerse a este régimen quienes:

— reconozcan la Constitución de la República de Cuba de 1940 como norma suprema
— acepten la subordinación plena al poder civil
— no hayan participado en hechos de sangre, represión directa o crímenes de lesa humanidad

A estos se les garantizará:

— protección de su integridad personal
— protección de sus familiares directos frente a represalias
— continuidad provisional en funciones o reintegración bajo control civil
— respeto pleno al debido proceso

La colaboración activa con la restauración del orden constitucional será considerada criterio relevante para la continuidad institucional, la reintegración profesional y la determinación de su situación jurídica.

La responsabilidad será siempre individual. La pertenencia institucional no constituye delito. Los actos sí.

Quedan excluidos de este régimen quienes hayan participado en violaciones graves de derechos humanos. No hay excepciones.

Las estructuras de inteligencia y contrainteligencia serán intervenidas, aseguradas y sometidas a procesos de depuración reforzada.

Se suspenden de inmediato todas las funciones de vigilancia política, control ideológico y seguimiento de la población civil por razones políticas, por ser incompatibles con el orden constitucional restaurado.

Se procederá al aseguramiento de archivos, sistemas y bases de datos, garantizando su integridad, registro y conservación, e impidiendo su destrucción o manipulación.

Se dispondrá la localización, control y reasignación de mandos operativos, evitando la conservación de estructuras informales, redes paralelas o mecanismos de actuación no registrados.

El personal será sometido a evaluación individual estricta. No habrá continuidad automática en estas estructuras.

Solo podrán ser considerados para funciones futuras quienes:

— no hayan participado en represión ni persecución política
— no hayan intervenido en violaciones de derechos fundamentales
— colaboren con la entrega de información relevante para la reconstrucción institucional

Quienes hayan formado parte del aparato represivo serán excluidos y sometidos a investigación conforme a Derecho.

Durante el período de transición, se mantendrán funciones mínimas de inteligencia necesarias para la seguridad del Estado, la protección de infraestructuras críticas y la prevención de amenazas reales, bajo control civil, supervisión institucional y registro documental obligatorio.

Se dispondrá la creación de un nuevo sistema de inteligencia del Estado, limitado a funciones de seguridad nacional, bajo control civil y con prohibición expresa de intervención política interna.

Este sistema no constituirá continuidad institucional del anterior.

Todo el proceso de continuidad, depuración y reorganización institucional estará sujeto a:

— registro documental obligatorio
— control institucional permanente
— supervisión nacional
— verificación internacional independiente

El propósito es garantizar transparencia, evitar la impunidad y prevenir la persecución arbitraria.

Las decisiones adoptadas en materia de depuración, sometimiento institucional, intervención de estructuras de seguridad o reorganización del aparato estatal tendrán carácter inmediato y ejecutorio.

Queda prohibida la reversión arbitraria o no autorizada de dichas medidas, salvo revisión conforme a los mecanismos previstos en el orden constitucional restaurado.

El sometimiento al orden constitucional implica la renuncia a toda forma de coerción política o ideológica.

La lealtad exigida es a la República y a la ley.

El Estado se preserva como institución jurídica de la Nación. Las estructuras y prácticas que lo desviaron de su función constitucional quedan definitivamente excluidas del orden republicano.

La restauración del orden constitucional no se limita a su declaración formal. Exige garantías efectivas de ejecución, control institucional y estabilidad frente a intentos de obstrucción, reversión o reorganización encubierta de estructuras contrarias a la República.

Estas medidas se adoptarán bajo el marco jurídico de la Constitución de la República de Cuba de 1940, el principio de legalidad, la subordinación al poder civil y el control jurisdiccional correspondiente.

A tales efectos, se establecen los siguientes principios operativos:

Toda medida adoptada por el Gobierno transitorio en materia de:

— control institucional
— depuración de estructuras
— intervención del aparato coercitivo
— reorganización del Estado

tendrá efecto inmediato y obligatorio en todo el territorio nacional.

Ninguna autoridad, estructura o individuo podrá alegar continuidad de órdenes anteriores, dependencia jerárquica previa o instrucciones del orden extinguido para justificar su incumplimiento.

Las órdenes emitidas por el Gobierno transitorio prevalecerán de manera inmediata sobre cualquier cadena de mando anterior, sin necesidad de ratificación intermedia.

Todo acto de:

— desacato
— retención de información
— destrucción de archivos
— desobediencia operativa
— reorganización clandestina de estructuras
— ocultamiento de bienes, armas, sistemas o documentos

será considerado contrario al orden constitucional restaurado y dará lugar a separación inmediata de funciones, nulidad del acto y responsabilidad jurídica conforme a Derecho.

Las estructuras estatales que permanezcan operativas lo harán bajo dirección civil y subordinación expresa al orden constitucional restaurado.

Se garantizará continuidad funcional, pero no autonomía política, militar, policial, administrativa ni operativa fuera del marco constitucional.

El cumplimiento de las medidas de transición será objeto de:

— control institucional permanente
— registro documental obligatorio
— auditoría interna
— cadena de custodia de archivos y bienes estratégicos
— verificación nacional e internacional independiente con acceso a procesos relevantes

Los informes derivados de estos mecanismos tendrán carácter público en lo esencial, salvo información estrictamente reservada por razones de seguridad nacional, protección de víctimas o integridad de investigaciones.

Queda prohibida la reconstitución, bajo cualquier forma, de estructuras de control político, inteligencia ideológica, redes de vigilancia sobre la población o mecanismos paralelos de mando.

Toda tentativa de reorganización encubierta será considerada violación grave del orden constitucional restaurado y dará lugar a responsabilidad jurídica individual.

Las medidas adoptadas durante la transición tendrán carácter obligatorio y solo podrán ser revisadas conforme al orden constitucional restaurado, mediante los procedimientos establecidos y bajo control jurisdiccional.

Ningún acuerdo político, presión interna, interés corporativo o circunstancia coyuntural podrá justificar la revocación, suspensión o neutralización de medidas destinadas a:

— eliminar estructuras represivas
— asegurar el control civil
— preservar archivos, pruebas y bienes estratégicos
— restablecer la legalidad republicana

La finalidad de esta garantía no es impedir el control jurídico de los actos transitorios, sino impedir la restauración encubierta de estructuras de dominación, coerción política o impunidad.XI. BIENES DEL RÉGIMEN, EMPRESAS CAPTURADAS Y PATRIMONIO DE LA NACIÓN

La República restaurada establecerá un régimen claro de diferenciación entre obligaciones legítimas del Estado, obligaciones sujetas a revisión y obligaciones ilegítimas vinculadas al sostenimiento de la represión o al desvío del interés público.

No toda deuda será desconocida.
No toda obligación será aceptada sin revisión.

El pueblo cubano no estará obligado a asumir como carga legítima aquellas obligaciones contraídas en violación del orden constitucional o destinadas a financiar, facilitar o sostener materialmente el aparato represivo, siempre que dicha finalidad resulte acreditada mediante prueba verificable.

La revisión de la deuda pública, contratos estatales, concesiones y compromisos patrimoniales se realizará de manera gradual, ordenada y conforme a Derecho, evitando disrupciones económicas o afectaciones a la estabilidad institucional.

A los efectos de este régimen, se distinguirán tres categorías:

— obligaciones legítimas, contraídas conforme a Derecho y destinadas al funcionamiento del Estado o al interés público;

— obligaciones sujetas a revisión, cuando existan indicios razonables sobre su origen, finalidad o legalidad;

— obligaciones odiosas o ilegítimas, cuando se acredite su vinculación con represión, vigilancia política, control ideológico o enriquecimiento ilícito.

La calificación de una obligación como ilegítima requerirá evaluación individualizada, expediente documentado y derecho de defensa.
No habrá presunciones generales.

Las obligaciones legítimas serán respetadas.

Las obligaciones sujetas a revisión podrán ser renegociadas, reestructuradas o adecuadas a las condiciones del orden constitucional restaurado.

Las obligaciones ilegítimas podrán ser suspendidas, anuladas o sometidas a acción judicial, conforme a Derecho nacional e internacional.

La revisión no implicará, en ningún caso, el desconocimiento general de la deuda del Estado ni la ruptura indiscriminada de compromisos internacionales.

La mera relación económica con el Estado no genera responsabilidad.

Solo serán objeto de revisión aquellos actores que hayan participado de forma consciente, directa y comprobable en el financiamiento o sostenimiento del aparato represivo.

En tales casos podrán adoptarse medidas como:

— revisión contractual
— suspensión de beneficios
— nulidad de acuerdos
— acciones judiciales

Los acreedores de buena fe serán respetados y podrán participar en procesos de renegociación conforme a estándares internacionales.

Se realizará una auditoría nacional e internacional de:

— deuda pública
— contratos estratégicos
— concesiones
— financiamientos relevantes
— operaciones patrimoniales

Esta auditoría tendrá como finalidad determinar el origen de los fondos, su destino real, los beneficiarios finales y su compatibilidad con el orden constitucional.

El proceso será progresivo.

Se ejecutará con el objetivo de preservar la estabilidad económica, garantizar la continuidad del Estado y mantener relaciones legítimas con actores internacionales.

Se priorizarán mecanismos como:

— renegociación
— reestructuración
— períodos de gracia
— acuerdos financieros compatibles con la recuperación nacional

La República reconocerá el derecho a la restitución o reparación de bienes confiscados, nacionalizados o transferidos sin base legal legítima.

Este proceso incluirá a ciudadanos cubanos, cubanos en el exterior, cubanoamericanos y demás personas afectadas.

La reparación será gradual, verificable y compatible con la estabilidad económica.

Podrá incluir:

— restitución directa
— compensación económica
— bonos de reparación
— participación en activos
— acuerdos indemnizatorios

Se utilizarán, entre otros:

— activos recuperados
— bienes ilícitamente apropiados
— fondos congelados
— recursos derivados de acciones judiciales

Se dará prioridad a las reclamaciones debidamente acreditadas.

Se creará un Fondo Nacional con tres finalidades:

— reparación patrimonial
— compensación a víctimas
— estabilización inicial del Estado

El Fondo estará sujeto a auditoría pública, control institucional y verificación independiente.

Todo el proceso se regirá por:

— debido proceso
— evaluación individualizada
— derecho de defensa
— control judicial
— mecanismos de arbitraje cuando corresponda

La República restaurada no confundirá justicia con arbitrariedad ni estabilidad con impunidad.

Las obligaciones legítimas serán respetadas.
Las obligaciones dudosas serán revisadas.
Las obligaciones ilegítimas serán impugnadas conforme a Derecho.

Los bienes ilícitamente apropiados serán recuperados.
Y las víctimas del despojo tendrán derecho a reparación.

Bajo el lema “Renace la República”, el Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición pondrá en marcha una campaña nacional de educación cívica orientada a reconstruir la conciencia de ciudadanía, el respeto a la legalidad, el valor del sufragio auténtico, la responsabilidad pública y el fundamento moral de la libertad.

Esta campaña tendrá carácter nacional, inclusivo y continuo, y se desarrollará a través de medios educativos, institucionales, comunitarios y digitales, con el objetivo de restablecer la cultura republicana como base de la convivencia democrática.

La restauración del orden constitucional exige no solo reformas institucionales, sino la recuperación del vínculo entre el ciudadano y la ley, entre la libertad y la responsabilidad, y entre la Nación y sus valores fundacionales.

Como parte del proceso inicial de reconstrucción cívica, se garantizará el acceso libre y masivo a contenidos educativos que ya se encuentran disponibles y en implementación, orientados a la formación ciudadana y la difusión de los principios constitucionales.

Entre estos recursos se incluyen:

— Biblioteca cívica digital:
https://fliphtml5.com/bookcase/zirzq

— Colección de educación cívica infantil:
https://read.bookcreator.com/9RxulMR21Gcu5bVICMzdczo1YLC2/_ZkxvFWUTNOdLkd1xZh-RA

— Libro educativo “El Tesoro de la Constitución de 1940”:
https://read.bookcreator.com/9RxulMR21Gcu5bVICMzdczo1YLC2/_ZkxvFWUTNOdLkd1xZh-RA

Estos contenidos forman parte del proceso ya en curso de reconstrucción del pensamiento cívico, la educación en valores republicanos y la transmisión intergeneracional de la cultura democrática.

Como instrumento de alcance universal, se implementará un Programa Nacional de Educación Cívica a través de radio y televisión, dirigido a toda la población cubana, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la formación ciudadana en todo el territorio nacional.

Este programa tendrá carácter educativo, no propagandístico, y se desarrollará de forma progresiva, asegurando cobertura nacional.

Incluirá:

— contenidos pedagógicos sobre derechos y deberes ciudadanos
— divulgación de la Constitución de la República de Cuba de 1940
— formación básica en procesos electorales y participación cívica
— orientación práctica sobre el ejercicio de la ciudadanía
— recuperación de la memoria histórica republicana

Se prestará especial atención a sectores sin acceso a medios digitales, garantizando que la educación cívica alcance a toda la población sin exclusión.

La campaña se desarrollará sobre los siguientes ejes:

— educación en legalidad y Estado de Derecho
— formación en participación ciudadana y sufragio libre
— promoción de valores republicanos y ética pública
— reconstrucción de la confianza institucional
— fortalecimiento del sentido de pertenencia nacional

Se promoverán espacios de debate, formación y participación ciudadana en comunidades, centros educativos, medios de comunicación y organizaciones sociales.

La campaña contará con la participación de:

— instituciones educativas
— medios de comunicación
— organizaciones civiles
— comunidades locales
— actores culturales y académicos

Su ejecución buscará integrar a la sociedad en su conjunto en el proceso de reconstrucción cívica, evitando enfoques excluyentes o sectoriales.

El objetivo de esta fase no es únicamente informar, sino transformar la relación entre el ciudadano y el Estado, restableciendo la confianza en las instituciones, el respeto a la ley y el ejercicio responsable de la libertad.

La restauración de la República no será completa sin la restauración de la conciencia cívica.

Se creará el Consejo Electoral Provisional, con independencia funcional, deber de imparcialidad absoluta y obligación de transparencia pública, como órgano rector del proceso electoral transitorio.

El proceso electoral se organizará conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República de Cuba de 1940, en particular los relativos al sufragio universal, libre, secreto y directo, y se desarrollará mediante la aplicación supletoria del régimen electoral histórico cubano —incluyendo el Código Electoral de 1943— en todo aquello que resulte compatible con la restauración democrática y con los estándares modernos de integridad electoral.

Esta base jurídica será complementada con mecanismos técnicos contemporáneos que garanticen seguridad, verificabilidad y transparencia del proceso.

Se procederá a la actualización integral del padrón electoral nacional, garantizando:

— depuración de registros
— inclusión universal de ciudadanos con derecho al voto
— mecanismos de inscripción verificable

Se establecerán procedimientos para garantizar la participación de los cubanos dentro y fuera del territorio nacional, mediante sistemas presenciales y, cuando sea viable, mecanismos de voto remoto con garantías técnicas suficientes.

Se abrirá el registro de partidos, movimientos y candidaturas, conforme a principios democráticos, pluralidad política y respeto al orden constitucional.

Ninguna organización podrá participar si promueve la supresión de derechos fundamentales o la destrucción del orden republicano.

La infraestructura electoral estará bajo control directo de la autoridad electoral transitoria.

Se emplearán:

— servidores propios o bajo control soberano
— sistemas encriptados y codificados
— protocolos de acceso restringido
— trazabilidad completa del proceso
— mecanismos de respaldo verificable

Podrán utilizarse plataformas de voto verificable como Helios Voting u otras soluciones equivalentes de auditoría abierta, siempre bajo control institucional, supervisión técnica independiente y garantías de integridad del sistema.

El sistema deberá garantizar de manera simultánea:

— que solo vote quien tiene derecho
— que cada voto conserve su integridad y secreto
— que el resultado pueda ser auditado y verificado sin depender de confianza ciega

La verificación pública será un elemento esencial del proceso.

El proceso contará con:

— observación nacional
— observación internacional independiente
— peritaje técnico externo
— auditoría verificable
— mecanismos de comprobación pública

Se garantizará que el voto emitido corresponda al voto contado, sin comprometer el secreto del elector.

La tecnología electoral no sustituirá la legitimidad jurídica; la reforzará.

La legitimidad del proceso se sustentará en la convergencia de:

— base constitucional republicana
— administración imparcial
— control institucional
— infraestructura soberana
— auditoría independiente
— verificación pública

Se convocarán elecciones generales libres, verificables y competitivas dentro del plazo máximo de dieciocho meses.

Este plazo podrá ajustarse en función de las condiciones técnicas, institucionales y organizativas necesarias para garantizar un proceso electoral íntegro, conforme al orden constitucional restaurado.

XIV. FASE V: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LIBRE

Día 20 al Día 80

Se creará el Consejo Electoral Provisional, con independencia funcional, deber de imparcialidad absoluta y obligación de transparencia pública, como órgano rector del proceso electoral transitorio.

El proceso electoral se organizará conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República de Cuba de 1940, en particular el sufragio universal, libre, secreto y directo, y se desarrollará mediante la aplicación supletoria del régimen electoral histórico cubano —incluyendo el Código Electoral de 1943— en todo aquello que resulte compatible con la restauración democrática y con los estándares modernos de integridad electoral.

Base jurídica y principios del sistema

El sistema electoral se regirá por los siguientes principios:

— universalidad del sufragio — igualdad del voto — secreto e inviolabilidad del sufragio — transparencia del proceso — verificabilidad del resultado — control institucional y auditoría independiente

La tecnología electoral no sustituirá la legitimidad jurídica; la reforzará.

Registro y participación electoral

Se procederá a la actualización integral del padrón electoral nacional, garantizando:

— depuración de registros — verificación de identidad — mecanismos de reclamación ciudadana — inclusión de electores dentro y fuera del país

Se establecerán procedimientos para la participación de los cubanos en el exterior mediante mecanismos verificables y seguros.

Apertura del sistema político

Se abrirá el registro de partidos, movimientos y candidaturas compatibles con el orden democrático.

Ninguna organización podrá participar si promueve la supresión de derechos fundamentales o la destrucción del orden constitucional.

Infraestructura y control técnico

La infraestructura electoral operará bajo control directo de la autoridad electoral transitoria, utilizando:

— servidores propios o bajo control soberano — sistemas de cifrado de extremo a extremo — control de acceso restringido — registro completo de operaciones — mecanismos de respaldo verificable

Toda la arquitectura será auditada antes de su puesta en funcionamiento.

Funcionamiento operativo del sistema electoral

El proceso electoral se desarrollará de manera secuencial, bajo control múltiple y verificación permanente:

— identificación segura — imposibilidad de duplicidad — secreto absoluto del voto — registro verificable

No existirá vinculación entre identidad del elector y contenido del voto.

— autoridad electoral — peritaje técnico independiente — observadores nacionales — observadores internacionales

— auditoría técnica integral — verificación cruzada de resultados — validación independiente

Se garantizará que el voto emitido corresponda al voto contado.

Supervisión y legitimidad

El proceso contará con:

— observación nacional — observación internacional independiente — peritaje técnico externo — mecanismos de comprobación pública

La legitimidad del proceso nacerá de la convergencia entre base constitucional, administración imparcial, control técnico, auditoría independiente y verificación pública.

Convocatoria electoral

Se convocarán elecciones generales libres, verificables y competitivas dentro del plazo máximo de dieciocho meses, el cual podrá ajustarse en función de las condiciones técnicas y organizativas necesarias para garantizar la integridad del proceso.

Principio de neutralidad

Queda establecido de manera terminante:

El Gobierno transitorio organiza la libertad electoral, pero no participa en ella..

El Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición activará un Plan Nacional de Respuesta Humanitaria de Emergencia, destinado a garantizar la protección inmediata de la vida, la estabilidad social y la recuperación básica del país durante el período inicial de transición.

Se solicitará de manera inmediata asistencia coordinada a:

— organismos multilaterales
— gobiernos democráticos
— agencias humanitarias internacionales
— organizaciones no gubernamentales
— sector privado internacional

La asistencia incluirá:

— alimentos de emergencia
— medicamentos esenciales
— insumos hospitalarios
— equipos médicos
— combustible y generación eléctrica
— sistemas de potabilización de agua
— apoyo técnico y logístico

Se establecerán corredores humanitarios seguros para garantizar la entrada rápida y distribución eficiente de la ayuda.

Se implementará un sistema de levantamiento de información en tiempo real que permita identificar:

— zonas con escasez crítica de alimentos
— colapso hospitalario
— falta de agua potable
— fallas eléctricas
— niveles de vulnerabilidad social

Este sistema permitirá priorizar recursos y orientar la respuesta territorial de manera inmediata.

Se organizará una red nacional de distribución basada en:

— puertos y aeropuertos priorizados
— centros logísticos regionales
— rutas seguras de distribución
— almacenamiento estratégico

Se garantizará la protección de convoyes y la integridad de los suministros.

Toda la ayuda será sometida a:

— trazabilidad completa
— registro de recepción y entrega
— auditoría independiente
— supervisión nacional e internacional

Se establecerán sanciones para cualquier forma de desvío, acaparamiento o uso indebido de recursos humanitarios.

Se promoverá la participación activa de:

— empresas farmacéuticas internacionales
— productores de alimentos
— empresas energéticas
— proveedores tecnológicos
— sector empresarial cubano en el exterior
— diáspora cubana

Se habilitarán mecanismos seguros para canalizar donaciones, inversión de emergencia y cooperación directa.

Se priorizará la recuperación inmediata de:

— sistema eléctrico nacional
— suministro de agua potable
— red hospitalaria
— transporte básico
— telecomunicaciones esenciales

Se desplegarán soluciones de emergencia como:

— generadores eléctricos móviles
— microredes temporales
— sistemas de distribución de combustible
— plantas potabilizadoras móviles

Se activará un plan sanitario de emergencia que incluirá:

— brigadas médicas móviles
— control de brotes epidemiológicos
— campañas de vacunación
— atención primaria inmediata
— abastecimiento urgente de medicamentos

Se implementarán medidas para garantizar acceso a alimentos mediante:

— distribución de raciones de emergencia
— comedores comunitarios
— coordinación con productores nacionales e internacionales
— sistemas de priorización por vulnerabilidad

Se desplegarán acciones urgentes para garantizar:

— acceso a agua potable
— control sanitario del agua
— distribución de emergencia
— reparación básica de redes críticas

Se dará prioridad a:

— niños
— adultos mayores
— mujeres embarazadas
— enfermos crónicos
— personas desnutridas
— presos políticos liberados
— familias en extrema vulnerabilidad

Se establecerán programas específicos de atención, alimentación y asistencia médica.

Se creará un Centro Nacional de Coordinación de Emergencia, encargado de:

— recepción de ayuda
— distribución territorial
— coordinación con actores internacionales
— monitoreo de necesidades
— respuesta rápida

Este centro operará bajo principios de eficiencia, transparencia y control institucional.

Se establecerán canales oficiales de comunicación para:

— informar a la población
— orientar sobre acceso a ayuda
— emitir reportes periódicos
— prevenir desinformación

Las medidas de emergencia se orientarán progresivamente hacia:

— estabilización del abastecimiento
— reactivación productiva
— recuperación del sistema sanitario
— normalización de servicios básicos

La respuesta humanitaria no será utilizada como instrumento político, sino como deber inmediato del Estado hacia la población.

La prioridad será la vida, la dignidad humana y la estabilidad nacional.

El Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición pondrá en ejecución un Programa de Estabilización y Reactivación Económica Inmediata, orientado a contener el deterioro económico, restablecer la actividad productiva y garantizar condiciones mínimas de funcionamiento del mercado bajo el marco de la Constitución de la República de Cuba de 1940.

La transición económica no implicará ruptura desordenada, sino reorganización progresiva bajo legalidad.

Se constituirá un Consejo Económico para la Transición, con carácter técnico, autónomo en su función y adscrito al Gobierno transitorio.

Estará integrado por:

— economistas nacionales
— especialistas en finanzas públicas
— representantes del sector productivo
— expertos internacionales

Tendrá como mandato:

— diseñar medidas de estabilización inmediata
— coordinar política económica de emergencia
— servir de enlace con organismos financieros internacionales
— emitir lineamientos de recuperación

Sus decisiones tendrán base técnica y serán públicas en lo esencial.

Desde el inicio del proceso se establecerá una regla clara:

Ningún activo lícito será intervenido sin causa legal, debido proceso y control judicial.

Esta garantía será de aplicación inmediata para:

— ciudadanos
— empresas
— inversionistas nacionales
— inversionistas extranjeros
— diáspora cubana

Se adoptarán medidas temporales para evitar desorden económico:

— suspensión de transferencias irregulares de activos estratégicos
— revisión de contratos de alto impacto económico
— control transitorio de movimientos financieros de alto riesgo
— protección de reservas y activos críticos

Estas medidas no tendrán carácter confiscatorio, sino de protección y estabilización.

Se permitirá y facilitará de manera inmediata:

— libre circulación de bienes
— actividad comercial lícita
— funcionamiento de mercados
— operación de pequeños y medianos negocios

Se eliminarán restricciones administrativas incompatibles con una economía funcional.

Se priorizará la recuperación de:

— producción agrícola
— cadenas de abastecimiento
— comercio interno
— servicios básicos

Se adoptarán medidas de incentivo inmediato, incluyendo:

— liberación de actividad económica
— simplificación de trámites
— acceso inicial a insumos

Se habilitará un entorno inicial de apertura económica bajo reglas claras:

— respeto a contratos legítimos
— seguridad jurídica
— transparencia
— igualdad de condiciones

Se priorizará inversión en:

— alimentos
— energía
— salud
— infraestructura básica

Se establecerán mecanismos directos para que la diáspora cubana participe en la reactivación mediante:

— inversión productiva
— financiamiento directo
— transferencia de tecnología y conocimiento

Se eliminarán barreras innecesarias a su participación económica.

Se adoptarán medidas iniciales para:

— restablecer pagos básicos
— facilitar transacciones
— garantizar liquidez mínima
— iniciar normalización bancaria

Se explorará coordinación con organismos internacionales para apoyo financiero transitorio.

Los activos estratégicos quedarán bajo control y resguardo del Estado, incluyendo:

— energía
— telecomunicaciones
— infraestructura crítica
— recursos naturales

Se impedirá su deterioro, apropiación indebida o transferencia irregular.

Se implementarán programas inmediatos de empleo vinculados a:

— reconstrucción
— servicios esenciales
— logística humanitaria
— recuperación productiva

Las medidas adoptadas tendrán carácter transitorio y estarán orientadas a:

— restablecer una economía funcional
— garantizar seguridad jurídica
— permitir desarrollo del sector privado
— asegurar regulación estatal conforme a Derecho

La reactivación económica no se construirá sobre privilegios ni estructuras heredadas de control.

Se basará en:

— legalidad
— propiedad legítima
— libertad económica responsable
— igualdad ante la ley

Desde el inicio del proceso, el Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición activará una estrategia exterior dirigida a obtener reconocimiento internacional como autoridad provisional legítima de restauración republicana, asegurar el acompañamiento técnico necesario y restablecer la posición de Cuba dentro de la comunidad de naciones.

El reconocimiento no se solicitará como un acto formal aislado, sino como resultado de hechos verificables: restablecimiento del orden constitucional, control efectivo del territorio, compromiso con elecciones libres y respeto a los derechos fundamentales.

Se promoverá el reconocimiento de manera gradual, priorizando:

— Estados con tradición democrática
— países con vínculos históricos con Cuba
— gobiernos con capacidad de influencia en organismos multilaterales

Este reconocimiento podrá adoptar distintas formas:

— reconocimiento formal del Gobierno transitorio
— establecimiento de relaciones operativas
— cooperación técnica directa
— apoyo político al proceso de transición

La política exterior de la transición estará orientada a la reintegración progresiva de Cuba en los espacios internacionales de los que ha estado limitada o distorsionada.

Se iniciarán gestiones para:

— normalizar relaciones diplomáticas
— reactivar mecanismos de cooperación
— facilitar el acceso a financiamiento internacional
— restablecer la participación en foros multilaterales

Se solicitará apoyo técnico en áreas clave del proceso:

— organización del sistema electoral
— fortalecimiento institucional
— justicia transicional
— estabilización económica
— respuesta humanitaria

Este acompañamiento será coordinado por las autoridades nacionales y limitado a funciones técnicas de apoyo, sin sustitución de decisiones soberanas.

Se establecerán relaciones de trabajo con instituciones como:

— Naciones Unidas
— Organización de Estados Americanos
— Banco Mundial
— Fondo Monetario Internacional
— Banco Interamericano de Desarrollo

con el objetivo de acceder a asistencia técnica, financiamiento de emergencia y programas de estabilización.

El Gobierno transitorio asumirá una posición clara frente a la comunidad internacional:

— respeto a las obligaciones legítimas del Estado
— revisión conforme a Derecho de obligaciones cuestionadas
— garantía de seguridad jurídica
— protección de inversiones lícitas

La previsibilidad jurídica será un elemento central para recuperar confianza internacional.

Toda cooperación internacional se regirá por un principio no negociable:

La dirección del proceso de transición corresponde exclusivamente a las instituciones cubanas.

La asistencia externa no implicará:

— imposición de modelos políticos
— condicionamientos incompatibles con la Constitución restaurada
— injerencia en decisiones internas

Se mantendrá una política exterior prudente, orientada a evitar:

— alineamientos automáticos
— conflictos geopolíticos innecesarios
— dependencia de un solo actor internacional

El objetivo será preservar margen de maniobra y autonomía en la toma de decisiones.

Se adoptarán medidas para prevenir:

— intentos de influencia indebida
— instrumentalización del proceso por actores externos
— operaciones de desestabilización internacional

El reconocimiento internacional no se buscará como legitimación externa, sino como consecuencia del restablecimiento efectivo del orden constitucional.

Cuba volverá a integrarse al sistema internacional como un Estado soberano, jurídicamente confiable y políticamente autónomo.

XIX. FASE IX: JUSTICIA TRANSICIONAL, VERDAD, MEMORIA Y REPARACIÓN NACIONAL

Se instalará la Comisión Nacional de Verdad, Responsabilidad y Reparación para documentar crímenes graves, proponer medidas de justicia, consolidar memoria institucional y recomendar reparación a las víctimas.

Se establecerá una priorización de casos basada en la gravedad de los hechos, su carácter sistemático y la responsabilidad de mando, a fin de garantizar eficacia en la persecución de los crímenes más graves y evitar la saturación institucional.

Se crearán Salas Especiales de Justicia Transicional dentro del Poder Judicial transitorio, con competencia limitada para conocer los crímenes más graves cometidos contra la población, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política sistemática y crímenes de lesa humanidad.

Estas Salas actuarán con plena independencia, bajo los principios del debido proceso, derecho de defensa, publicidad de las actuaciones y control jurisdiccional efectivo.

La Comisión Nacional de Verdad no tendrá funciones jurisdiccionales. Su función será el esclarecimiento de los hechos, la documentación de responsabilidades y la preservación de la memoria. Las decisiones judiciales corresponderán exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes.

La persecución penal se concentrará prioritariamente en quienes hayan ordenado, dirigido, coordinado o ejecutado violaciones graves, especialmente cuando exista responsabilidad de mando o participación directa en hechos de sangre.

Los casos de menor gravedad o participación indirecta podrán ser tratados mediante procedimientos administrativos, medidas de inhabilitación, mecanismos de verdad o fórmulas de responsabilidad no penal, conforme a Derecho.

Ninguna persona será juzgada por su mera pertenencia institucional. La responsabilidad será siempre individual, basada en hechos verificables y debidamente probados.

Se reconoce como principio rector del proceso la presunción de inocencia. Toda persona será considerada inocente mientras no se demuestre su responsabilidad mediante sentencia firme dictada conforme a Derecho.

Queda prohibida toda forma de justicia por mano propia, represalia, castigo extrajudicial o acción punitiva fuera de los mecanismos institucionales establecidos. Ninguna persona, grupo u organización podrá atribuirse funciones de investigación, sanción o ejecución al margen del orden legal.

El Estado garantizará que toda actuación en materia de justicia transicional se realice exclusivamente a través de los órganos competentes, bajo control judicial y con pleno respeto a las garantías procesales.

Las Salas Especiales podrán contar con asistencia técnica internacional y observación independiente, sin afectar la soberanía jurisdiccional de la República.

La finalidad de este proceso será asegurar justicia efectiva para las víctimas, evitar la impunidad y garantizar que la transición se desarrolle dentro del marco del Estado de Derecho, sin derivar en arbitrariedad ni en venganza.

Se establecerá una priorización de casos basada en la gravedad de los hechos, su carácter sistemático y la responsabilidad de mando, a fin de garantizar eficacia en la persecución de los crímenes más graves y evitar la saturación institucional.

XX. LÍNEAS ROJAS INVIOLABLES DE LA TRANSICIÓN

Durante todo el período de transición, hasta la instalación de autoridades electas conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940, regirán las siguientes líneas rojas de carácter obligatorio, inmediato y no negociable.

La República no reconoce fueros ni privilegios personales. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y estarán sujetos a las mismas normas, responsabilidades y garantías, sin distinción de cargo, función, rango o condición.

El Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición no podrá, en ningún caso, transformarse en estructura política permanente, partido, movimiento electoral o plataforma de poder. Su naturaleza es estrictamente transitoria y su mandato se extingue con la restauración del orden constitucional pleno.

Ninguno de los integrantes del Gobierno transitorio, ni de los órganos ejecutivos, legislativos o judiciales de carácter provisional que se establezcan durante la transición, podrá, durante dicho período ni en el primer ciclo electoral posterior a la restauración constitucional, participar en la fundación de partidos políticos, integrar estructuras de dirección partidaria, ni aspirar a cargos de elección popular.

No habrá impunidad para los crímenes graves. Las conductas que constituyan tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución sistemática o cualquier forma de crimen de lesa humanidad serán investigadas y sometidas a los mecanismos de justicia establecidos, sin excepciones.

No existirá reconocimiento automático ni intangibilidad de bienes, contratos, concesiones o deudas generadas bajo el régimen anterior. Toda relación jurídica de esta naturaleza será objeto de revisión, validación o anulación conforme a su legalidad, origen y compatibilidad con el orden constitucional restaurado.

Toda arma, toda fuerza, todo archivo y todo recurso estratégico quedarán, desde el inicio del proceso, bajo autoridad de la República, bajo control civil efectivo y bajo responsabilidad legal, sin excepción ni zonas autónomas de poder.

Queda prohibida la existencia de cadenas de mando paralelas, estructuras armadas no subordinadas o redes de inteligencia no registradas. Toda infracción a esta disposición será considerada una violación grave del orden constitucional.

Durante el período transitorio no podrá alterarse este régimen mediante acuerdos políticos, presiones internas o decisiones discrecionales. Estas líneas rojas solo podrán modificarse mediante la instalación de un orden constitucional plenamente restablecido y legitimado por elecciones libres.

El poder político, en todas sus formas, será ejercido únicamente con carácter transitorio y con el fin exclusivo de restituir el orden constitucional. Concluido el proceso, el poder regresará íntegramente al pueblo de Cuba, conforme a los mecanismos de soberanía establecidos en la Constitución de 1940.

XXI. CLÁUSULA DE TERMINACIÓN DEL MANDATO TRANSITORIO

Cumplida su misión de restablecer la legalidad republicana, asegurar la apertura política, organizar elecciones libres, verificables y competitivas, y transferir la autoridad a los representantes elegidos por el pueblo conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940, el Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición cesará íntegra, definitiva e irrevocablemente en sus funciones.

El período transitorio tendrá como horizonte máximo la convocatoria y celebración de elecciones libres dentro de los dieciocho meses siguientes a la instalación efectiva del Gobierno transitorio, salvo que circunstancias nacionales graves, verificables y debidamente documentadas exijan ajustes estrictamente necesarios para proteger la integridad del proceso electoral, la seguridad pública o la organización institucional del país.

Dicho plazo no tendrá carácter de autorización para prolongar la transición, sino de límite máximo. Si las condiciones políticas, administrativas, electorales y de seguridad lo permiten, el proceso deberá acortarse y las elecciones deberán convocarse antes.

La decisión de acortar el calendario electoral corresponderá al Consejo Electoral Provisional, previa verificación técnica del padrón, registro de partidos, condiciones mínimas de competencia política, seguridad del sufragio y capacidad material de organización electoral. Dicha decisión deberá ser comunicada públicamente, motivada por escrito y sometida a observación nacional e internacional independiente.

El proceso electoral tomará como referencia el Código Electoral cubano de 1943, en todo aquello que resulte compatible con la Constitución de 1940, la realidad institucional de la transición, la participación de los cubanos dentro y fuera del territorio nacional y las garantías modernas de transparencia, auditoría y verificación electoral.

La terminación del mandato transitorio se producirá únicamente cuando concurran de forma efectiva y verificable las siguientes condiciones:

— celebración de elecciones libres con participación plural, garantías plenas y observación nacional e internacional independiente
— proclamación oficial de resultados por la autoridad electoral competente
— reconocimiento público de dichos resultados por los órganos del proceso transitorio
— instalación formal de las autoridades electas conforme al orden constitucional restaurado

Verificadas estas condiciones, la transferencia de poder se realizará de manera inmediata, completa y sin reservas, quedando extinguidas todas las funciones, competencias y atribuciones del Gobierno transitorio y de los órganos provisionales que lo integren.

Ningún órgano, autoridad o integrante del aparato transitorio podrá extender su mandato, reinterpretar su duración ni conservar facultades más allá de lo estrictamente necesario para formalizar la entrega del poder.

El cese del mandato implicará la disolución automática de las estructuras transitorias, sin posibilidad de reconversión en formas permanentes de poder político, administrativo o institucional.

Toda retención indebida de funciones, intento de prolongación del mandato o interferencia en la transferencia de autoridad será considerada una violación grave del orden constitucional y dará lugar a responsabilidad jurídica.

La finalidad de esta cláusula es garantizar que el poder ejercido durante la transición no se perpetúe, no se desvíe de su propósito y retorne íntegramente al pueblo de Cuba mediante mecanismos democráticos legítimos.

Las disposiciones del presente Plan deberán interpretarse de forma sistemática, conforme a su finalidad de restauración constitucional, prevaleciendo siempre:

— la supremacía del orden constitucional
— la protección de los derechos fundamentales
— la temporalidad del poder transitorio
— la restitución efectiva de la soberanía popular

Durante el período de transición, el orden jurídico se regirá por la siguiente jerarquía:

Toda norma incompatible quedará sin efecto.

El proceso de transición se desarrollará conforme a los principios del Derecho Internacional, en particular:

— autodeterminación de los pueblos
— respeto a los derechos humanos
— continuidad del Estado
— cumplimiento de obligaciones legítimas

En caso de duda interpretativa, deberá adoptarse la interpretación que mejor garantice la restauración de la República y la protección del ciudadano.

Emitido por el Gobierno Jurídico Constitucional Cubano para la Transición como documento rector previsto para su implementación en el proceso de restauración del orden constitucional conforme a la Constitución de la República de Cuba de 1940.